Los brotes verdes que asoman a escala macroeconómica todavía no alcanzan al ciudadano común. La salida de la crisis económica no se refleja en los hogares catalanes y la pobreza, lejos de reducirse, se recrudece en los sectores más vulnerables. El último informe de de ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social), que radiografía los indicadores sociales en Cataluña, apunta que un 23,8% de los catalanes están en riesgo de pobreza, una cifra que no ha dejado de crecer desde 2015. La precariedad laboral y en la vivienda también se perpetúa, avisa la organización.
“La pobreza se cronifica y la supuesta recuperación económica no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la población”, zanja el informe Insocat de ECAS. En Cataluña, la tasa AROPE —que mide la población que vive bajo el umbral de la pobreza, las personas con privaciones materiales severas y aquellas familias con baja intensidad de trabajo por hogar— dibuja un panorama poco halagüeño en términos socioeconómicos: en 2017, último año del que se tienen cifras, el 23,8% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión, un porcentaje en alza desde 2015. Entre la población extranjera, las circunstancias de exclusión social alcanzan al 47,7%.
Las privaciones en el hogar también se han intensificado. La mitad de la población catalana tiene dificultades para llegar a fin de mes y los hogares ya destinan más del 30% de su renta a pagar la vivienda o los suministros. Según la vocal de pobreza de ECAS, Teresa Crespo, estos datos indican que la pobreza está empezando a afectar también a las clases medias.
El entorno socioeconómico, con un mercado laboral e inmobiliario “caracterizado por la inestabilidad y el abuso” —sostiene el estudio— tampoco ayudan a reconducir la situación. El 87% de los contratos que se firman cada año son temporales y la tasa de pobreza en el trabajo es del 12,2%.
Las entidades que aglutina ECAS recuerdan que el efecto de los tijeretazos sociales que se ejecutaron durante la crisis aún pasan factura y la reversión total de los recortes sigue pendiente. “La inversión en políticas públicas por parte de la Generalitat ha crecido tímidamente. El gasto conjunto en salud, educación, protección y promoción social y vivienda se redujeron en más de 4.000 millones de euros entre 2010 y 2014, de los que solo se han recuperado 1.800”, apunta el informe. La presidenta de ECAS, Sonia Fuertes advirtió ayer, no obstante, que las políticas sociales deben tener en cuenta que las necesidades sociales son ahora mayores y la vida es más cara, un escenario que requiere, indicó, mucha más inversión social de la que había antes de los recortes.
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